SALTILLO, COAH.- De acuerdo a familiares de la colombiana desaparecida en Ramos Arizpe, Martha Granados, más de 90 escritos presentados por familiares de víctimas indirectas desde mayo de 2025 continúan sin recibir una respuesta de fondo por parte de la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila, según consta en la revisión de la carpeta de investigación C.I. 00042/SAL/ATPDT/2023.
De acuerdo con los familiares, pese a la entrega reiterada de solicitudes formales para conocer el avance del caso, la autoridad ministerial únicamente ha emitido dos contestaciones, ambas suscritas por el fiscal José Ángel Herrera Cepeda.
Estas respuestas, afirman, ya fueron objetadas formalmente sin que hasta ahora exista una nueva comunicación que atienda de manera puntual y documentada los cuestionamientos planteados.
Señalan que la falta de respuesta no es un asunto meramente administrativo, sino que limita el acceso a información clave sobre las diligencias realizadas, sus resultados y las decisiones derivadas, lo que dificulta dar seguimiento claro al desarrollo de la investigación.
La falta de avances en la investigación
La información contenida en el expediente indica que la última diligencia en campo debidamente documentada data de junio de 2024. Desde entonces, no se han identificado actuaciones posteriores acreditadas, lo que genera dudas sobre posibles lapsos de inactividad dentro de una investigación relacionada con desaparición.
Los familiares también cuestionan versiones previas de la Fiscalía estatal en las que se argumentaba la suspensión de diligencias por una supuesta atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República.
Hasta ahora, aseguran, no existe documentación oficial que confirme dicho proceso, ni por parte de la agente del Ministerio Público María Patricia Rojas Campuzano ni del propio subfiscal Herrera Cepeda, lo que pone en entredicho el sustento de esa justificación.
Inconsistencias en la información presentada
A estas preocupaciones se suma la información presentada por el Estado mexicano ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en el marco de una acción urgente y durante la visita del Alto Comisionado de Derechos Humanos.
Según los familiares, dicha respuesta incluye referencias a diligencias y planes de trabajo que no pueden corroborarse dentro del expediente.
En ese sentido, advierten que algunos de los elementos reportados ante instancias internacionales carecen de respaldo documental en la carpeta local, lo que sugiere posibles inconsistencias o imprecisiones en la información utilizada para elaborar esa respuesta, proyectando una imagen de avance que no coincide con la evidencia disponible.
Asimismo, señalan irregularidades dentro del propio expediente, incluyendo fallas en el manejo de información técnica y discrepancias entre distintas versiones digitales de la carpeta de investigación, lo que abre cuestionamientos sobre su integridad y confiabilidad.
Demandas de los familiares
Frente a este panorama, los familiares han reiterado su exigencia de que la Fiscalía proporcione respuestas claras, específicas y sustentadas en documentos verificables dentro del expediente, al considerar que las afirmaciones generales sin soporte no constituyen una respuesta válida.
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Señalan que la falta de respuesta no es un asunto meramente administrativo, sino que limita el acceso a información clave sobre las diligencias realizadas, sus resultados y las decisiones derivadas.
El caso ha sido llevado ante diversas instancias, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Coahuila y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, con el objetivo de exigir que la investigación se conduzca con transparencia, consistencia documental y apego a estándares técnicos y jurídicos verificables.
