MIAMI (AP) — Pablo Lyle, actor mexicano condenado por homicidio involuntario en 2023, se enfrenta a una nueva batalla legal: una demanda civil por daños y perjuicios que podría exigirle pagar hasta 5 millones de dólares (más de 90 millones de pesos) a la familia de la víctima, Juan Ricardo Hernández.
La acción civil fue interpuesta por el hijo de Hernández y busca compensar gastos funerarios, pérdida de ingresos del hogar y atención psicológica. Según informes del programa Despierta América, ese rango monetario (1 a 5 millones de dólares) da pie a la estimación en pesos mencionada.
Este litigio se desarrollará en paralelo al proceso penal, sin implicar cargos adicionales, pero con una carga económica considerable para el actor. La demanda —iniciada en 2024— había pospuesto su primera audiencia en junio pasado, debido a la ausencia de representación legal de Lyle y, posteriormente, a la renuncia del abogado de la familia Hernández.
La nueva audiencia está programada para el 31 de julio en un tribunal de Miami, donde la corte evaluará tanto la veracidad de los daños reclamados como la capacidad económica de Lyle para responder económicamente.
Actualmente, Lyle cumple una sentencia de cinco años de prisión (con posibilidad de salida temprana por buena conducta) y ocho años de libertad condicional, tras ser hallado culpable del golpe que provocó la muerte de Hernández en marzo de 2019 en Miami.
Contexto penal y civil
Penal: En octubre de 2022, un jurado lo declaró culpable de homicidio involuntario, con sentencia dictada en febrero de 2023. Lyle ingresó a prisión en un centro de seguridad media en Florida.
Civil: La familia de la víctima ya había demandado a Lyle y su cuñado en 2023, buscando reparación por daños. Esta nueva acción específica una suma más precisa, entre 1 y 5 millones USD.
Implicaciones del proceso civil
El juez evaluará si existen fundamentos para la reclamación y analizará la situación financiera del actor. Dado que Lyle se encuentra en prisión, su defensa deberá establecer o demostrar capacidad de pago. Este tipo de demandas a veces culminan en acuerdos fuera de corte, pero también pueden prolongarse por años.
