WASHINGTON — Un juez federal de distrito desestimó una demanda civil interpuesta en contra del gobierno de Estados Unidos por el caso de un ciudadano de origen salvadoreño que fue deportado del país debido a un error administrativo durante la administración del presidente Donald Trump.
La resolución judicial determina que las agencias federales involucradas en el proceso de repatriación actuaron bajo el amparo de las normativas de seguridad nacional vigentes en ese momento, por lo que el tribunal carece de la jurisdicción necesaria para ordenar una compensación económica por los daños y perjuicios reclamados por la defensa del afectado.
De acuerdo con los antecedentes del expediente, el ciudadano salvadoreño —cuya identidad se ha mantenido en reserva por razones de seguridad— contaba con un estatus migratorio legal provisional y un permiso de trabajo autorizado al momento de ser detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Debido a una falla en la actualización del sistema informático central, su documentación no fue validada a tiempo, lo que derivó en su expulsión inmediata hacia San Salvador.
Los abogados de la parte demandante argumentaron ante la corte que la deportación errónea violó de forma flagrante los derechos al debido proceso consagrados en la Constitución, además de provocar la separación definitiva de su cliente de su entorno familiar y laboral establecido en territorio estadounidense. La defensa solicitaba una indemnización financiera y la restitución inmediata de su estatus legal para permitir su retorno al país.
Por su parte, los representantes legales del Departamento de Justicia argumentaron que, si bien se constató la existencia de una discrepancia técnica en los registros físicos y digitales durante el operativo, las leyes de inmigración otorgan facultades discrecionales amplias a las autoridades fronterizas para ejecutar órdenes de remoción en casos prioritarios.
Tras la desestimación del recurso por parte del juzgador federal, el equipo legal del ciudadano salvadoreño anunció que interpondrá un recurso de apelación ante el tribunal de circuito correspondiente. Los litigantes señalaron que buscarán que el caso sea revisado bajo una perspectiva de derechos humanos, argumentando que los errores administrativos del Estado no deben traducirse en castigos permanentes para los migrantes.
