CIUDAD DE MÉXICO – Estados Unidos ha intensificado la cancelación de visas a al menos siete políticos mexicanos, la mayoría de ellos pertenecientes al partido Morena. La medida es vista como una advertencia directa ante las sospechas de vínculos con el crimen organizado o la existencia de investigaciones en curso por parte de autoridades estadounidenses.
La cancelación de visas ha afectado a figuras en varios estados, lo que refleja una creciente presión migratoria por parte de la administración de Donald Trump. El caso más reciente es el de Mario Alberto López Hernández, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y exalcalde de Matamoros, Tamaulipas, a quien se le impidió el ingreso a Texas por tener el documento "dañado".
Funcionarios de Morena en la mira de EU
Entre los funcionarios castigados por Estados Unidos, se encuentran varios alcaldes y una gobernadora con sus cónyuges, la mayoría afiliados a Morena:
Óscar Eduardo Castro Castro: Alcalde de Puerto Peñasco, Sonora (Morena), a quien se le retiró la visa al intentar cruzar la frontera en junio.
Alberto Granados Fávila: Exalcalde de Matamoros, Tamaulipas (Morena), detenido tras ser vinculado con un empresario arrestado por posesión de cocaína.
Marina del Pilar Ávila Olmeda: Gobernadora de Baja California (Morena), y su esposo.
Juan Francisco Gim Nogales: Alcalde de Nogales, Sonora (Morena).
Sonia Villarreal Pérez: Subsecretaria de Gobierno de Coahuila (PRI), y su esposo.
Norma Bustamante: Alcaldesa de Mexicali, Baja California (Morena), y su esposo.
Advertencia por el crimen organizado
La retirada de visas a políticos mexicanos subraya la preocupación de Washington por la infiltración del crimen organizado en los niveles de gobierno en México. La acción es interpretada como una herramienta diplomática para presionar a las autoridades mexicanas a tomar medidas más contundentes contra la corrupción y el narcotráfico. La política migratoria de Trump está utilizando la revocación de visas como un mecanismo de castigo y advertencia a los funcionarios que se presumen tienen nexos con las estructuras criminales.
