Un juez federal en Seattle bloqueó este jueves de manera temporal la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal nacidos en Estados Unidos. Este fallo representa el primer revés significativo en los planes del mandatario para reformar el sistema migratorio.
El magistrado John C. Coughenour, designado en 1981 por el expresidente Ronald Reagan, calificó la orden de "manifiestamente inconstitucional". "No recuerdo otro caso donde el asunto sea tan claro como este", declaró el juez, citando la Enmienda 14 de la Constitución, que establece que toda persona nacida en suelo estadounidense tiene derecho a la ciudadanía, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Impacto de la orden ejecutiva
Firmada por Trump horas después de asumir su segundo mandato, la medida buscaba evitar que los hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal obtuvieran ciudadanía al nacer. En la práctica, esto habría impedido la emisión de pasaportes a dichos niños y su reconocimiento como ciudadanos por la Administración de la Seguridad Social, dificultando su acceso a derechos básicos y oportunidades laborales en el futuro.
Resistencia estatal y fallo judicial
El decreto enfrentó una inmediata oposición. Un total de 22 estados, liderados por gobiernos demócratas, presentaron demandas para bloquear su implementación. Inicialmente, 18 estados interpusieron su denuncia el martes, y otros cuatro se sumaron más tarde, solicitando que la corte federal impidiera la aplicación de la orden.
El fallo de Coughenour afecta a estos últimos cuatro estados y tendrá vigencia durante 14 días, tiempo en el cual se espera que haya apelaciones. Este periodo temporal es clave, ya que permitirá evaluar los argumentos en contra del decreto y podría sentar un precedente en el caso de que el conflicto llegue a instancias superiores.
Contexto y polémica
La ciudadanía por nacimiento es un derecho consagrado en la Enmienda 14, adoptada en 1868, tras la Guerra Civil, con el propósito de garantizar la igualdad de derechos para todos los nacidos en territorio estadounidense, incluidos los hijos de esclavos liberados. La orden de Trump, según expertos legales, desafía este principio fundamental.
Grupos de derechos civiles y líderes demócratas han calificado la medida como un ataque directo contra los inmigrantes y una estrategia para avivar tensiones políticas en torno al tema migratorio. Por su parte, la Casa Blanca defendió la orden como un esfuerzo necesario para "proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses".
El fallo judicial pone freno a los planes de la administración Trump, al menos de manera temporal, y refuerza el debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia de derechos fundamentales.
