Maduro y Cilia Flores enfrentan nuevos cargos en EE.UU. por presunta tortura
La fiscalía de Nueva York acusa a la pareja de conspiración para torturar a ciudadanos estadounidenses y otras personas detenidas por el gobierno venezolano.

Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
Fiscales de Nueva York presentaron nuevos cargos contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, relacionados con la presunta tortura de ciudadanos estadounidenses y otras personas que permanecieron bajo custodia de autoridades venezolanas.
De acuerdo con la acusación formal, tanto Maduro como Flores enfrentan un cargo adicional de conspiración para cometer tortura. Los fiscales sostienen que, desde que Maduro asumió la presidencia en 2013, habría autorizado el uso de estas prácticas contra personas específicas y supervisado un sistema en el que la tortura, las detenciones arbitrarias y la violencia eran utilizadas para reprimir a opositores políticos.
Las acusaciones de tortura
Los señalamientos están vinculados con la detención de más de una decena de ciudadanos estadounidenses en cárceles venezolanas durante el periodo en que Maduro encabezó el gobierno.
Maduro y Flores fueron capturados en enero durante un operativo militar estadounidense realizado en el palacio presidencial de Caracas. Ambos se han declarado inocentes de los cargos que ya enfrentaban por conspiración para cometer narcoterrorismo y otros delitos, y permanecen detenidos sin derecho a fianza en Nueva York.
Está previsto que Cilia Flores comparezca ante un tribunal, mientras su defensa busca que pueda permanecer bajo arresto domiciliario durante el proceso. Por su parte, el abogado de Maduro cuestiona la legalidad de su detención y sostiene que el exmandatario debería contar con inmunidad debido a que los hechos señalados habrían ocurrido durante su periodo en el cargo.
Según la fiscalía, el Gobierno venezolano no ha presentado una solicitud de inmunidad en favor de Maduro.
La acusación incluye señalamientos sobre los métodos que presuntamente fueron utilizados contra personas detenidas por las autoridades venezolanas.
Entre los casos mencionados se encuentra el de un oficial militar venezolano, quien, según los fiscales, habría recibido descargas eléctricas en aproximadamente 20 ocasiones y golpes en distintas partes del cuerpo. También habría sido suspendido por las manos y los pies y sometido alrededor de 30 veces a simulaciones de ahogamiento.
Varios ciudadanos estadounidenses que estuvieron encarcelados en Venezuela también han denunciado haber sufrido torturas.
Matthew Heath y Osman Khan, liberados durante un intercambio de prisioneros en octubre de 2022, afirmaron en una demanda que fueron sometidos a simulaciones de ahogamiento, descargas eléctricas, amenazas de agresión sexual, administración de sustancias que alteraban la mente y aislamiento.
Heath, quien es veterano de la Infantería de Marina de Estados Unidos, intentó suicidarse durante su periodo de detención, según el texto.
Otro caso señalado corresponde a los llamados "6 de Citgo", seis ejecutivos petroleros que fueron detenidos en Venezuela en 2017 y permanecieron presos durante casi cinco años. Entre ellos se encontraban cinco ciudadanos estadounidenses.
En demandas contra Citgo, Tomeu Vadell, Alirio José Zambrano y José Luis Zambrano aseguraron que fueron víctimas de tortura durante su encarcelamiento.
Señalamientos contra la DGCIM
Los ciudadanos estadounidenses mencionados en el texto permanecieron detenidos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, conocida como DGCIM.
Un informe de Naciones Unidas señaló a ese organismo como responsable de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas contra opositores políticos y sus familiares. El documento también indicó que la institución recurría habitualmente a prácticas como descargas eléctricas, asfixia con bolsas, simulaciones de ahogamiento, golpes, violencia sexual, privación de alimentos y agua, posiciones forzadas y exposición a temperaturas extremas.
Según el informe, estas prácticas tenían como objetivos obtener información y confesiones, intimidar y castigar a los detenidos.
Los nuevos cargos también provocaron reacciones desde Venezuela. María Oropeza, coordinadora estatal de Vente Venezuela, consideró positiva la presentación de las acusaciones y expresó su deseo de que en el futuro también se presenten cargos por presuntos actos de tortura contra ciudadanos venezolanos.




