Un operativo contra el narcotráfico en la sierra de Chihuahua, que en principio parecía un golpe contundente contra el crimen organizado, terminó detonando una tormenta política, diplomática y legal que ahora sacude al país.
Todo comenzó con una investigación de meses. Autoridades estatales, en coordinación con el Ejército mexicano, lograron ubicar y desmantelar campamentos y narcolaboratorios en zonas como Guachochi y Morelos. Según el fiscal César Jáuregui, fue un trabajo conjunto de aproximadamente tres meses que involucró decenas de agentes estatales y militares.
Sin embargo, el éxito del operativo quedó rápidamente opacado por una pregunta incómoda: ¿qué hacían presuntos agentes estadounidenses participando en acciones dentro de México?
La presencia de agentes de EU
De acuerdo con reportes oficiales, durante el operativo habrían estado presentes agentes de Estados Unidos, presuntamente vinculados a la CIA. Este detalle encendió las alarmas en el Gobierno federal, que aseguró no haber sido informado previamente.
La Secretaría de Relaciones Exteriores incluso emitió un reclamo formal al embajador estadounidense, cuestionando la posible intervención sin autorización. El tema no es menor: la legislación mexicana limita la participación de agentes extranjeros en operativos dentro del país.
Mientras tanto, fuentes militares señalaron que el Ejército no tiene forma de verificar la identidad de todos los participantes en operativos coordinados con autoridades estatales, lo que abre aún más interrogantes sobre cómo se permitió esta situación.
El Senado entra en escena
Ante la polémica, el Senado de la República decidió actuar. Con mayoría de Morena y respaldo del PAN, se aprobó citar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, así como al fiscal estatal, para explicar lo ocurrido.
La reunión, planteada como una "sesión de trabajo", busca aclarar:
- La presencia de agentes extranjeros
- La posible violación a la Ley de Seguridad Nacional
- La falta de coordinación con el Gobierno federal
Incluso, legisladores advirtieron que este caso podría sentar un precedente delicado sobre la soberanía nacional.
Un debate que va más allá del operativo
El caso ha provocado un fuerte choque político. Mientras algunos legisladores consideran necesario exigir cuentas, otros cuestionan si el Senado tiene facultades para llamar a una gobernadora estatal, argumentando que podría vulnerarse el federalismo.
Al mismo tiempo, la oposición acusa que el tema se está utilizando con fines políticos, mientras el oficialismo insiste en que se trata de un asunto de seguridad nacional.
Trasfondo internacional y tensión creciente
Más allá del ámbito interno, el incidente ocurre en un contexto delicado en la relación entre México y Estados Unidos. La presencia de agentes extranjeros —confirmada o no— revive un viejo debate: ¿hasta dónde puede llegar la cooperación en seguridad sin comprometer la soberanía?
El operativo, que inició como un golpe contra el narcotráfico, terminó exponiendo grietas en la coordinación entre niveles de gobierno y encendiendo un debate nacional sobre límites legales, seguridad y relaciones internacionales.
Lo que sigue
La comparecencia de la gobernadora podría marcar un antes y un después en la relación entre estados y federación en materia de seguridad. También podría definir nuevas reglas —más claras o más restrictivas— sobre la participación de actores extranjeros en México.
Por ahora, lo único claro es que el caso Chihuahua dejó de ser un operativo más: se convirtió en un tema de Estado.
