Maru Campos denunciará a la FGR por citatorio... considera que vulnera su fuero constitucional. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, confirmó que acudirá este miércoles 27 de mayo al citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez. Sin embargo, el caso tomó un giro político y jurídico luego de que su defensa anunciara una denuncia penal contra quienes resulten responsables de la actuación ministerial.
El abogado de la mandataria, Roberto Gil Zuarth, explicó en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva que la defensa considera que la autoridad federal inició un procedimiento penal sin respetar el fuero constitucional que protege a una gobernadora en funciones. 'El citatorio va a ser respondido y ella acudirá a responderlo en los términos en los que fue formulado', sostuvo el abogado, dejando claro que la mandataria sí comparecerá ante las autoridades federales pese a las objeciones legales planteadas por su equipo jurídico.
La gobernadora Maru Campos comparecerá ante la FGR
De acuerdo con la explicación ofrecida por Gil Zuarth, el documento emitido por la FGR no contiene preguntas concretas ni establece información específica que deba aportar la gobernadora. El citatorio únicamente ordena su comparecencia personal ante el Ministerio Público.
Sin embargo, el punto que encendió la controversia es que el documento, según la defensa, presenta contradicciones jurídicas. Aunque oficialmente se le cita en calidad de testigo, también se invocan artículos legales aplicables a personas imputadas dentro de un procedimiento penal. 'Eso implica que el Ministerio Público ha abierto un procedimiento penal en contra de un servidor público con fuero sin habérsele retirado éste previamente', afirmó el abogado de la gobernadora.
Detalles sobre el citatorio y el fuero constitucional
Para la defensa, este detalle no es menor, ya que podría significar que la autoridad ministerial estaría actuando fuera del marco constitucional al tratarse de una funcionaria que cuenta con protección especial derivada de su cargo.
Uno de los ejes principales de la disputa legal gira alrededor del alcance del fuero constitucional y de los procedimientos que deben seguirse antes de iniciar una investigación penal contra un gobernador en funciones. Según explicó Gil Zuarth, para que exista un procedimiento penal válido primero debe aprobarse una declaratoria de procedencia en la Cámara de Diputados y posteriormente ser ratificada por el Congreso local correspondiente.
· Declaratoria de procedencia aprobada por la Cámara de Diputados
· Ratificación del Congreso del estado de Chihuahua
· Retiro formal del fuero constitucional
Sin esos pasos, sostiene la defensa, cualquier actuación ministerial resultaría jurídicamente improcedente. 'Un Ministerio Público con un mínimo grado de profesionalismo sabe perfectamente bien que no puede citar a comparecer a una gobernadora fuera del procedimiento constitucional', expresó el abogado durante la entrevista.
Acusan posible trampa jurídica en el citatorio
El debate ha colocado nuevamente sobre la mesa la discusión sobre los límites legales de la FGR y las facultades de investigación contra servidores públicos de alto nivel.
La defensa de Maru Campos también advirtió que el citatorio podría colocar a la mandataria en una situación vulnerable desde el punto de vista legal. Según Gil Zuarth, el hecho de citarla como testigo mientras se utilizan fundamentos aplicables a imputados abre la puerta a posibles cambios de condición jurídica durante la diligencia. 'Ese citatorio no viene fundado en la buena fe; tiene una clarísima intención de generar una trampa', acusó el litigante.
Ante ello, el equipo jurídico anunció que presentará una denuncia penal basada en el artículo 125, fracción XIX, del Código Penal Federal, al considerar que se habría violado el procedimiento constitucional relacionado con funcionarios que cuentan con fuero. 'Quien haya ordenado la apertura del procedimiento penal tiene que ser investigado y pagar las consecuencias', sostuvo el abogado.
Mientras tanto, la gobernadora acudirá a la cita programada en Ciudad Juárez y el caso continúa escalando como uno de los episodios políticos y jurídicos más relevantes de las últimas semanas, especialmente por el debate que abre sobre el equilibrio entre la investigación penal y las garantías constitucionales de funcionarios en funciones.
