CNDH abre investigación por presunta tortura y abusos policiales contra manifestantes en Jalisco

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación independiente sobre las presuntas agresiones, actos de tortura y abusos policiales cometidos contra manifestantes en Jalisco, luego de los hechos registrados durante las movilizaciones del pasado 11 de octubre.

El anuncio se dio en el contexto de la segunda megamarcha por el agua, realizada el domingo 18 de octubre en Guadalajara, donde ciudadanos volvieron a exigir agua potable y limpia, además de expresar su preocupación por la actuación de las autoridades durante las protestas anteriores.

De acuerdo con el organismo nacional, existen señalamientos sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de policías estatales y antimotines durante las manifestaciones. La CNDH también cuestionó la respuesta de las instituciones locales de derechos humanos y anunció la apertura de un expediente propio ante la falta de cooperación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

Cuatro detenidos denuncian irregularidades y violencia

Uno de los puntos centrales de la investigación corresponde a cuatro personas que fueron detenidas durante los acontecimientos y posteriormente liberadas, aunque continúan sujetas a procesos penales.

La CNDH señaló que detectó posibles contradicciones e inconsistencias en las acusaciones formuladas contra ellas, así como deficiencias en el acceso a una defensa jurídica adecuada y presunta falta de atención a la violencia que habrían sufrido durante su detención.

Como parte de las diligencias, personal del organismo entrevistó a las personas afectadas y realizó certificaciones médicas. Según lo informado, estas actuaciones permitieron documentar lesiones y afectaciones físicas y psicológicas que presuntamente derivaron del trato recibido por parte de elementos policiales.

Ante estos hallazgos, la comisión solicitó la aplicación del Protocolo de Estambul, un instrumento internacional utilizado para investigar y documentar posibles casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Un estudiante de Derecho requiere atención médica urgente

Entre los casos señalados por el organismo destaca el de un estudiante de Derecho que sufrió una fractura en las vértebras cervicales y cuyo estado de salud, según la CNDH, representa un riesgo grave.

La institución advirtió que el joven necesita atención médica especializada urgente, debido a que las lesiones podrían comprometer tanto su vida como la funcionalidad de su cuerpo.

Además de este caso, la investigación contempla denuncias relacionadas con detenciones y presunto uso desproporcionado de la fuerza contra integrantes de la comunidad LGBTQ+ y personas defensoras de derechos humanos.

Según la información difundida por la comisión, existen indicios que apuntan a posibles detenciones arbitrarias, por lo que estos hechos también serán examinados como parte de las diligencias.

Señalan posible coordinación entre corporaciones y civiles

Otro aspecto que será investigado es la presunta participación coordinada de policías estatales y municipales, bomberos y personas vestidas de civil durante los acontecimientos.

La CNDH también reportó señalamientos sobre una posible falta de atención a las personas lesionadas por parte de servicios de emergencia y organismos locales, entre ellos la Cruz Roja, la Cruz Verde y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

Asimismo, el organismo puso bajo escrutinio las denuncias relacionadas con Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, ante señalamientos de que el inmueble habría sido utilizado como un espacio de operación durante los hechos. Estas acusaciones forman parte de los aspectos que requieren esclarecimiento.

CNDH abre expediente independiente

Ante la situación descrita y la falta de cooperación que atribuye a la comisión estatal, la CNDH abrió el expediente CNDH/5/2026/8529/Q y conformó un equipo multidisciplinario para investigar las denuncias.

Las diligencias abarcan posibles actos de represión, detenciones arbitrarias, tortura, acusaciones presuntamente fabricadas e irregularidades en los procesos judiciales relacionados con los manifestantes.

La investigación buscará esclarecer lo ocurrido durante las protestas y examinar las posibles responsabilidades derivadas de los hechos denunciados. Mientras avanzan las actuaciones, las acusaciones contra las autoridades deberán ser objeto de investigación para determinar las circunstancias y responsabilidades correspondientes.