La FIRT Olmeca ubicó a "El Niño Sicario" y a su acompañante, José Asunción "N", alias "El Chuncho", en la ranchería Corregidora quinta sección, mientras ambos presuntamente planeaban incendiar un domicilio. José Asunción "N" ha sido señalado como operador directo de "El Chicole", un líder criminal actualmente recluido en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (CREST).
Según informes preliminares, el adolescente intentó oponer resistencia al percatarse de la presencia de los uniformados, intentando accionar una subametralladora tipo Uzi calibre 9 milímetros. No obstante, el arma se atascó, lo que permitió a los elementos de seguridad concretar las detenciones sin que se reportaran heridos.
Al momento de la revisión, a los detenidos se les decomisó:
Dosis de drogas, incluyendo marihuana y cristal, encontradas en una mochila.
Cartulinas con mensajes amenazantes dirigidos a grupos criminales rivales, una práctica habitual en la guerra territorial entre cárteles.
Un teléfono celular del menor de edad, el cual contenía material de alto valor probatorio.
La evidencia más delicada provino del dispositivo móvil de D.J., donde las autoridades aseguraron videos de una mujer que había sido víctima de secuestro y que posteriormente fue liberada. Adicionalmente, se encontraron imágenes de otra víctima que habría sido asesinada y cuyo cuerpo fue presuntamente sepultado en una propiedad en Paraíso, Tabasco.
Desafío para la Justicia
La detención de "El Niño Sicario" pone de relieve el grave problema de la utilización de menores de edad por el crimen organizado, donde los jóvenes son empleados como sicarios, halcones o, como en este caso, presuntos líderes de células dedicadas a delitos de alto impacto como el secuestro y el asesinato.
Los detenidos y el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco, que iniciará las investigaciones correspondientes. Dada la minoría de edad del presunto líder, su proceso legal se llevará a cabo bajo las normativas del sistema de justicia para adolescentes, lo que plantea un complejo desafío para las autoridades en términos de sanción y reinserción social.
El caso subraya la necesidad urgente de estrategias de prevención y atención social en México para desmantelar las redes que atraen y cooptan a los jóvenes para unirse a las filas del crimen organizado.
