La tragedia ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, sigue cobrando víctimas. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que el conductor de la pipa de gas, Fernando Soto Munguía, falleció tras varios días en estado crítico, elevando a 19 el número total de personas muertas.
La pipa, que transportaba cerca de 50 mil litros de gas LP, explotó en una de las avenidas más transitadas del oriente de la capital. Desde entonces, decenas de personas resultaron heridas y las investigaciones apuntan a que la causa principal fue el exceso de velocidad.
Hasta las 22:20 horas del 16 de septiembre, el último balance oficial reportó 32 personas hospitalizadas y 33 más dadas de alta. Soto Munguía, de 34 años según los registros oficiales, se encontraba internado en el Hospital de Traumatología "Victoriano de la Fuente Narváez", en la zona norte de la capital. Aunque no estaba detenido formalmente, permanecía bajo custodia.
La Fiscalía General de Justicia capitalina, a través de su titular Bertha Alcalde Luján, explicó que el impacto contra el pavimento y un muro provocó una fisura de 40 centímetros en el tanque, lo que ocasionó la fuga de gas y la explosión posterior. Se descartó que un bache hubiera causado el accidente.
La lista de fallecidos, que ya asciende a 19 personas, incluye nombres como Armando Antillón Chávez, Ana Daniela Barragán Ramírez, Juan Carlos Bonilla Sánchez y el propio Fernando Soto Munguía.
Frente a la magnitud del siniestro, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció nuevas medidas de control para el transporte de sustancias peligrosas. Un protocolo conjunto con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos buscará establecer rutas seguras, mejorar la capacitación de conductores y reforzar el monitoreo de unidades.
Además, el gobierno capitalino inició la entrega de apoyos económicos a los afectados: 20 mil pesos para personas hospitalizadas y 50 mil para familias de víctimas fatales. En una primera etapa, se distribuyeron 68 ayudas entre habitantes de la Ciudad y del Estado de México.
La tragedia ha abierto un debate sobre la seguridad en el transporte de materiales peligrosos en zonas urbanas y la necesidad urgente de reforzar las normas que lo regulan.
