IRAPUATO, Guanajuato (5 de agosto de 2025) — Autoridades del estado de Guanajuato informaron el hallazgo de 32 cuerpos en fosas clandestinas localizadas en una propiedad abandonada en la comunidad de La Calera, al norte de Irapuato. De acuerdo con la Fiscalía estatal, ya se han identificado cerca de la mitad de las víctimas, mientras continúan los trabajos forenses para la localización del resto.
Este descubrimiento se produjo durante operativos que comenzaron el 30 de julio y que movilizaron equipos científicos y periciales especializados con apoyo del Ministerio Público. El caso ocurre apenas dos meses después de otro hallazgo en la misma municipalidad, cuando se encontraron 17 cuerpos en una casa deshabitada de Rancho Nuevo del Llanito.
Guanajuato ha sido identificado como uno de los estados más violentos del país, debido a enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo criminal Santa Rosa de Lima (CSRL). Entre enero y julio de 2025, se reportaron más de 1 500 homicidios, mientras que el registro de personas desaparecidas supera las 132 000 a nivel nacional.
Las víctimas recuperadas se encontraban dentro de bolsas plásticas enterradas en fosas poco profundas. Hasta ahora, se ha logrado identificar a unas 15 personas mediante técnicas forenses complejas; las familias de las víctimas, muchas organizadas en el colectivo "Hasta encontrarte", acudieron al sitio para exigir respuestas y acompañar el proceso de identificación.
Este nuevo caso subraya el uso recurrente de fosas clandestinas por grupos del crimen organizado para desaparecer a sus víctimas. En meses anteriores, en mayo, se documentó la recuperación de 17 cuerpos en el mismo municipio, incluidos restos con signos de tortura, lo que evidencia la gravedad del fenómeno en la región.
Las investigaciones continúan con el propósito de identificar al resto de los cuerpos, así como de determinar su origen y posible conexión con desapariciones previas. La Fiscalía ha señalado su compromiso de atender el proceso conforme a protocolos de derechos humanos, incluyendo apoyo psicosocial a familiares, y de lograr la judicialización de los responsables en cuanto se obtenga evidencia.
