Nuevas revelaciones en el caso de la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, vinculan a la pareja con una red de presuntas transacciones irregulares en Michoacán. Investigaciones recientes señalan que Álvarez Puga habría obsequiado un rancho de lujo a un exfuncionario de primer nivel durante la administración del exgobernador Silvano Aureoles Conejo.
La propiedad, ubicada en una zona exclusiva del estado, ha sido identificada como parte de los activos que las autoridades federales rastrean en relación con el presunto desvío de recursos públicos y lavado de dinero por el cual la pareja cuenta con órdenes de aprehensión vigentes desde hace varios años.
Las investigaciones revelan un rancho de lujo como parte de un esquema de corrupción en Michoacán.
De acuerdo con los reportes, el beneficiario del inmueble sería un excolaborador cercano a Aureoles, cuya identidad se mantiene bajo reserva por las autoridades judiciales en el marco de las investigaciones por corrupción. Este hallazgo sugiere una conexión estrecha entre el despacho de abogados de Álvarez Puga y la cúpula política michoacana, presuntamente utilizada para facilitar contratos de servicios y triangulación de fondos.
El caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga cobró relevancia internacional debido a las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto desfalco de casi 3 mil millones de pesos. Estas nuevas pruebas sobre el rancho de lujo refuerzan la hipótesis de que la pareja utilizaba bienes raíces como moneda de cambio para favores políticos y protección.
Álvarez Puga habría obsequiado la propiedad a un exfuncionario durante el gobierno de Silvano Aureoles.
Las autoridades mexicanas, en colaboración con unidades de inteligencia financiera, han intensificado el rastreo de propiedades de la pareja no solo en México, sino también en el extranjero, específicamente en Miami, Florida. El rancho en Michoacán se suma a una lista de mansiones y activos de lujo que han sido asegurados o están en proceso de embargo.
Hasta el momento, ni el exgobernador Silvano Aureoles ni sus antiguos colaboradores han emitido una postura oficial respecto a este regalo inmobiliario. Por su parte, la defensa de la conductora de televisión ha mantenido una estrategia de silencio mediático mientras la pareja continúa en calidad de prófuga de la justicia.
Las autoridades rastrean propiedades de la pareja en México y en el extranjero por lavado de dinero.
Este nuevo capítulo en el escándalo de los Álvarez Puga subraya la complejidad de las redes de corrupción que vinculan al mundo del espectáculo con la política mexicana de los últimos años.
