Inician paro de labores indefinido los trabajadores del Poder Judicial

En el primer minuto del viernes 6 de noviembre, integrantes del Poder Judicial de la Federación iniciaron un paro laboral indefinido en diversos tribunales y juzgados del país. La movilización responde al rechazo de la normativa emitida por el Órgano de Administración Judicial, la cual establece la obligación de someter a la base trabajadora a evaluaciones periódicas cada dos años para condicionar su permanencia o adscripción en los cargos.

La inconformidad escaló tras la publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de noviembre. Representantes de los manifestantes, como Patricia Aguayo Bernal, secretaria en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Laboral en la sede de San Lázaro, denunciaron que la medida vulnera la estabilidad laboral acumulada por años de servicio de secretarios, actuarios u oficiales judiciales. Los inconformes sostienen que la norma atenta contra los derechos adquiridos y manifestaron que no rechazan la capacitación, sino que las evaluaciones sean utilizadas como mecanismo de remoción.

De acuerdo con las disposiciones del órgano administrativo, la calificación obtenida determinará la duración de las constancias de permanencia laboral. Los empleados que aprueben de forma satisfactoria recibirán acreditación por dos años, mientras que aquellos con notas intermedias obtendrán prórrogas de un solo año. Los trabajadores con resultados desfavorables dispondrán de instancias de revisión o un examen extraordinario, aunque enfrentan el riesgo de ser separados de sus funciones sin considerar su antigüedad.

Durante el cierre de accesos en el Palacio de Justicia de San Lázaro en la Ciudad de México, el personal en protesta señaló que este sistema podría responder a la intención de desocupar plazas de la estructura operativa para ingresar a nuevos perfiles. Frente a esta situación, la representación sindical condicionó la reanudación de las labores a la apertura de una mesa de diálogo y a la anulación formal del acuerdo por parte de las autoridades judiciales.

Hasta el momento, la suspensión de actividades se ha extendido a sedes judiciales ubicadas en 16 entidades federativas, entre las que destacan Nuevo León, Morelos, Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Puebla y el Estado de México, además de los inmuebles operativos ubicados en la capital del país.