En un nuevo episodio dentro de las tensiones entre Estados Unidos y México por el combate al narcotráfico, el gobierno estadounidense revocó discretamente las visas de más de 50 políticos y funcionarios mexicanos, todos presuntamente vinculados con organizaciones del crimen organizado.
De acuerdo con una investigación difundida por la agencia Reuters, un reconocido miembro del partido oficialista mexicano aseguró que los afectados pertenecen en su mayoría a Morena, el partido gobernante. Aunque aún no se ha publicado un listado oficial con los nombres de los involucrados, algunos casos ya comenzaron a hacerse públicos. Uno de los más notorios es el de la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien ha rechazado reiteradamente cualquier vínculo con grupos delictivos.
Esta medida se enmarca dentro de las acciones impulsadas por el expresidente Donald Trump, quien durante su mandato reforzó su política de confrontación directa contra los cárteles de droga. Aunque no ha habido un pronunciamiento formal por parte de su administración respecto a estas revocaciones, el contexto sugiere una ofensiva más amplia en contra de figuras políticas presuntamente implicadas con el narcotráfico.
Fuentes consultadas por Reuters explicaron que, a diferencia de otras sanciones legales o administrativas, la cancelación de visas no requiere de una justificación pública ni de un proceso formal. La autoridad migratoria puede retirar el documento en cualquier momento si considera que el titular incurre en actos contrarios al interés nacional de Estados Unidos.
Aunque esta situación ha sido manejada con bajo perfil, los alcances políticos podrían ser significativos tanto para las relaciones bilaterales como para el entorno interno en México, especialmente de cara a la lucha contra el crimen organizado y el papel que juegan figuras políticas en ese entramado.
