PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El señalamiento del Municipio de Piedras Negras contra la Jurisdicción Sanitaria 01 por un presunto vertimiento de sustancias tóxicas al drenaje volvió a detonar la polémica, ahora bajo la sospecha de un intento de revancha política por parte del alcalde Jacobo Rodríguez.
El edil declaró que ya existe un acta administrativa contra la dependencia estatal y pidió la intervención de la PROPAEC, gesto interpretado como presión hacia la misma autoridad que semanas atrás sancionó a su administración con una multa millonaria por el caso del tiradero de perros en el basurero municipal.
Rodríguez recordó que la Procuraduría Ambiental impuso una sanción de un millón de pesos al Ayuntamiento por la falta de reportes de Bienestar Animal y el depósito irregular de canes sometidos a eutanasia. Aunque la multa continúa en litigio, el alcalde insiste en que fue "injusta". Ahora, en contraste, exige que el Estado actúe con la misma severidad contra la Jurisdicción Sanitaria, aun cuando esta ya presentó su versión técnica. El movimiento es leído como un intento del edil de equilibrar cuentas o buscar una vindicación pública.
¿Cómo ocurrió la controversia?
La controversia surgió tras un reporte ciudadano sobre un olor inusual en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria. Personal de Ecología, Simas y Protección Civil acudió al sitio y documentó la presencia de contenedores de plaguicidas, lo que llevó al municipio a acusar un supuesto derrame de sustancias peligrosas.
Sin embargo, la Jurisdicción aclaró que lo observado correspondía al triple lavado de envases del Programa de Vectores, procedimiento avalado por la FAO y la Cofepris. Aseguró que no hubo descarga de Malatión al drenaje y que los recipientes estaban vacíos; el olor detectado provendría de residuos impregnados, algo normal tras su uso.
Acciones de la autoridad
Pese a esa explicación, Rodríguez reiteró que "sería interesante ver qué hará la PROPAEC", comparando el caso con la multa municipal y sugiriendo que la autoridad estatal debe actuar de igual forma.
La postura del alcalde apunta a una estrategia de presión mediática hacia la Jurisdicción Sanitaria y a un mensaje indirecto a la Procuraduría Ambiental. Mientras el procedimiento administrativo sigue su curso, la controversia dejó de ser técnica para instalarse en el terreno político, exhibiendo el estilo confrontativo del edil y su aparente interés en cobrar una factura pendiente.
