PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La retención de un vendedor ambulante por parte de personal de seguridad privada de un centro comercial el pasado sábado dejó en evidencia la falta de control y protocolos claros por parte del Gobierno municipal de Piedras Negras, luego de que la propia autoridad reconociera que no existía delito ni falta administrativa.
Fue hasta la conferencia matutina de este lunes cuando el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, admitió que la actuación fue indebida y que el comerciante no incurrió en ninguna conducta sancionable, pese a haber sido retenido.
El funcionario explicó que el conflicto se originó por la ausencia de permisos para vender en un espacio privado; sin embargo, aceptó que esto no justificaba la intervención en los términos en que ocurrió.
Acciones de la autoridad
La declaración exhibe una reacción tardía de la autoridad municipal, que no intervino oportunamente para evitar un acto que, según su propio dicho, estuvo fuera de la legalidad.
Aguilar señaló que, en estos casos, lo procedente es solicitar el retiro del comerciante y, de persistir la negativa, dar aviso a la Policía Municipal, instancia que, dijo, únicamente habría mediado el conflicto.
No obstante, el hecho de que personal privado haya actuado por cuenta propia, reteniendo a un ciudadano sin fundamento legal, evidencia la ausencia de supervisión efectiva por parte del municipio sobre este tipo de corporaciones, así como la falta de capacitación en el respeto a derechos básicos.
Detalles confirmados
El propio secretario reconoció que los elementos de seguridad privada "rebasaron sus funciones" y que la situación "se desbordó", confirmando así que el incidente pudo evitarse con lineamientos claros y una actuación institucional oportuna.
A pesar de la gravedad del caso, el Gobierno municipal se limitó a señalar que colaborará con las instancias correspondientes, como la Comisión de Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, sin anunciar medidas concretas para prevenir que hechos similares se repitan.
El episodio no solo deja en entredicho la actuación de la seguridad privada, sino también la capacidad del Ayuntamiento para garantizar el respeto a la legalidad en espacios públicos y privados de la ciudad.
