Niega empresa transportista vínculos ilícitos
La empresa rechazó su vinculación con actividades ilícitas y pidió una rectificación pública de las menciones que considera infundadas.
NAVA, COAH. - La empresa Líneas 1 de Mayo, con sede en Nava, rechazó su presunta vinculación con actividades ilícitas mencionadas en una publicación de la revista Proceso, en la que aparece en el contexto del caso del empresario Julio R. González, detenido en Eagle Pass, Texas.
Mediante una carta, la compañía exigió revisar el sustento documental de la información y rectificar las referencias que, a su juicio, la relacionan sin fundamento con los hechos. En el documento, la empresa negó participar en las actividades descritas o en los esquemas atribuidos a las personas relacionadas con el caso.
Rechazo de vínculos con actividades ilícitas
También sostuvo que la publicación no presenta elementos verificables que respalden los señalamientos en su contra. El Consejo de Dirección de Líneas 1 de Mayo defendió la trayectoria de la compañía, que cuenta con más de 45 años de experiencia en el sector del transporte industrial en México y el sur de Texas.
La empresa afirmó que sus operaciones se rigen por políticas y procedimientos destinados a prevenir el traslado de sustancias o mercancías ilícitas, así como el uso indebido de sus unidades.
Asimismo, advirtió que la difusión de señalamientos que considera infundados puede afectar su reputación, sus relaciones comerciales y la confianza de sus clientes, trabajadores y las familias de estos.
Como parte de su reclamo, solicitó a Proceso verificar la documentación y los elementos utilizados para incluir el nombre de la compañía en la publicación. También pidió retirar las menciones que, según su postura, la vinculan con presuntas actividades ilícitas y dar de baja las versiones que reproduzcan esa información sin una aclaración.
Solicitud de rectificación pública
En su comunicado, Líneas 1 de Mayo señaló que aparecer mencionada en una investigación periodística no constituye, por sí mismo, evidencia de la comisión de un delito. Por ello, consideró necesario distinguir entre la prestación de servicios comerciales y cualquier señalamiento relacionado con posibles actividades ilegales.
La compañía afirmó que, mediante su posicionamiento, ejerce su derecho de réplica y solicitó una rectificación pública. Además, reiteró su compromiso con sus colaboradores, clientes y la cadena de suministro de la que forma parte.
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