Frenan operaciones del Parque Industrial Futura
Una orden judicial por presunto despojo y daños provocó el aseguramiento de 90 hectáreas en Estancias. El propietario, Raymundo Maldonado, desconoce el procedimiento.
MONCLOVA, COAH.- Las operaciones del Parque Industrial Futura quedaron suspendidas luego de que elementos de la Policía Civil ejecutaran una diligencia judicial que derivó en el aseguramiento de sus instalaciones, ubicadas en la colonia Estancias.
La intervención comprende tres predios que, en conjunto, abarcan 90 hectáreas, donde trabajadores se dedicaban a la fabricación de tecnología para el reciclaje de residuos sólidos urbanos.
Durante el operativo, el personal tuvo que salir de las instalaciones, por lo que maquinaria, herramientas y materiales de trabajo permanecieron al interior del complejo, sin que los empleados pudieran continuar con sus labores.
La medida se desprende de una orden judicial relacionada con una investigación por presuntos delitos de despojo, daños y amenazas. De acuerdo con los documentos colocados en el acceso principal, la diligencia contempla la restitución del terreno mediante el uso de la fuerza pública y advierte sobre posibles arrestos para quienes interfieran en su cumplimiento.
Reacción del propietario
El aseguramiento tomó por sorpresa al propietario del parque industrial, Raymundo Maldonado, quien manifestó que no tenía conocimiento del expediente penal ni había recibido una notificación previa sobre el procedimiento.
Según su versión, se enteró de la situación a través de los documentos que fueron colocados en la entrada del inmueble, por lo que ahora busca conocer los detalles de la causa judicial y las razones que sustentaron la intervención.
Ante este escenario, Maldonado y su equipo legal acudirán ante las autoridades correspondientes para revisar el expediente y definir las acciones jurídicas que consideren pertinentes.
Consecuencias del aseguramiento
Mientras se esclarece la situación legal de los terrenos, el complejo permanecerá asegurado durante al menos 30 días, periodo en el que las actividades productivas continuarán detenidas y los trabajadores no tendrán acceso a las instalaciones.
Hasta el momento, la controversia se mantiene en el ámbito judicial, mientras la parte propietaria busca obtener información sobre el procedimiento que derivó en la suspensión de las operaciones.
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