Cuando Juan Gabriel Pedraza, líder indígena de la región mexicana donde se cultivan aguacates, se enteró de un nuevo plan para ayudar a salvar los bosques, temió lo peor.
"Nos van a fregar", recuerda que pensó.
Habían surgido rumores de que los huertos de su pueblo podrían quedar bloqueados del mercado, lo que sería un resultado devastador para los residentes. Los aguacates habían ayudado a más de mil familias a salir de la pobreza. La pérdida de bosques no era nada nuevo: desde hace mucho tiempo había transformado el oeste de México, el principal proveedor mundial de aguacates.
Durante años, la demanda estadounidense de esta fruta ha devorado ese bosque.
Cualquiera que tratara de frenar la deforestación, casi en su totalidad ilegal, se enfrentaba a un muro de oposición. Grupos criminales, terratenientes, funcionarios locales corruptos y otros se han involucrado en provocar incendios para despejar tierras con el fin de crear nuevos huertos y obtener beneficios de ellos.
Ahora, un nuevo plan, que utiliza imágenes satelitales y presión pública, ha hecho que los gigantes de la industria y los pequeños productores tengan que enfrentarse a una elección.
Pueden dejar de expandirse hacia bosques recientemente talados, con lo que se aseguran de que sus frutos sigan cumpliendo los requisitos para los mayores compradores estadounidenses. O pueden deforestar más tierras para crear nuevos huertos baratos, con lo que se arriesgan a quedar excluidos de un comercio anual de 2700 millones de dólares.
